Libertad a los Presos de la Revuelta

Patricio Millaqueo

Estudiante Derecho UC, cuarto año

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Se ha planteado a los medios de comunicación por un grupo de parlamentarios de Convergencia Social la idea de poder otorgar la libertad a los denominados “presos de la revuelta”, haciendo referencia a todos aquellos que se encuentran actualmente en prisión preventiva como imputados por diversos delitos, entre ellos, robo en lugar no habitado, lanzamiento de bombas molotov, incendios, maltrato de obra a carabineros, etc. Coherentes con su doctrina, se han sumado también a la idea diputados del Partido Comunista y algunos actores sociales siempre afines a estas causas, como el jesuita Felipe Berrios, Fernado Atria, la FECH, y diversas organizaciones de izquierda. En la mayoría de estos casos no se cuestiona la participación en los hechos que se les imputan a los privados de libertad sino que incluso, según señala una diputada a Radio Cooperativa, “aquello (la comisión de delitos) habría hecho posible el triunfo del 25 de octubre”.

El principal argumento que se esgrime por este sector es la aplicación de la prisión preventiva, considerándola desproporcional y excesiva en cuanto a su duración, mencionando que varios de estos imputados llevan aproximadamente un año sometidos a esta medida cautelar. Cabe señalar que esta crítica no es nueva y tiene un sólido fundamento, entendiendo que doctrinariamente se concibe con el carácter de excepcional o último medio para asegurar los fines del procedimiento cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 140 del Código Procesal Penal.

Lo solicitado por los diputados tiene un punto que se debe analizar y no es el hecho de querer justificar la violencia, aspecto del cual nadie debería sentirse hoy sorprendido tomando en consideración los autores políticos de la iniciativa y sus promotores del “mundo social”. El punto radica en que efectivamente la prisión preventiva debe ser hoy objeto de análisis, debido a que en la práctica se aplica como la regla general, abandonado así su carácter excepcional. Según datos de la Defensoría Penal Pública (1), en los últimos 18 años 33.000 personas habrían sido sometidas a prisión preventiva para finalmente ser absueltas, dónde las causas de error más comunes y determinantes al momento de otorgar esta medida cautelar fueron la mala conducta de agentes del estado, la falsa confesión, el error pericial, entre otras.

Sin embargo, la iniciativa de los diputados no busca entrar a la raíz del problema analizado y la crítica jurídica que se le hace al otorgamiento de la prisión preventiva es sólo utilizada como un adorno a sus intereses. Siguiendo la línea de los legisladores, es injusto que los nobles y heroicos “presos de la revuelta” se encuentren en prisión preventiva, pero en vez de entrar a discutir en el ámbito legislativo medidas tendientes a solucionar el uso excesivo de esta medida, que ha vulnerado el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia de miles de imputados, se enfocan y buscan darle un trato privilegiado a un pequeño grupo de personas por el sólo hecho de haber cometido los delitos en el “contexto de estallido social”, aspecto que se ve reforzado cuando la diputada Vallejos se refiere a ellos como “nuestros presos”.

Es de esperar que las próximas propuestas legislativas no se enfoquen en dar un trato preferencial a ciertos grupos, buscando indultos o amnistías para “sus presos”, sino que se estudien medidas para solucionar un problema concreto que tenemos hoy, que es el uso excesivo de la prisión preventiva, evitando así que cifras como las que entrega la Defensoría se sigan repitiendo.

Referencias

(1) Proyecto Inocentes. Disponible en: http://www.proyectoinocentes.cl/sala_prensa/noticias_detalle/188/mas-de-33-mil-inocentes-estuvieron-en-prision-preventiva-en-los-ultimos-18-anos

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